26/05/25

Luz y gas: el Gobierno quiere que usuarios residenciales devuelvan los subsidios que recibieron incorrectamente

El Gobierno abrió la puerta para que los usuarios residenciales que recibieron subsidios indebidos sean penalizados con un cobro retroactivo

Por Antonio Rossi




La administración de Javier Milei puso en marcha un nuevo ajuste en el esquema de segmentación tarifaria vigente en los servicios de energía eléctrica y gas y abrió la puerta para que los usuarios residenciales que han recibido subsidios indebidos sean penalizados con el cobro retroactivo de esas bonificaciones más los intereses moratorios y punitorios que correspondan.

Junto con la pérdida de los beneficios que venían teniendo, la medida en juego para poder recuperar los subsidios otorgados incorrectamente apunta básicamente a dos grupos de clientes hogareños.

En primer lugar, al bloque de 15.500 usuarios de Puerto Madero y de countries y barrios cerrados del Gran Buenos Aires de alto poder adquisitivo que estaban empadronados en los niveles N2 (de bajos recursos) y N3 (clase media) para pagar menos por sus facturas de luz y gas. Estos usuarios ya fueron excluidos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y podrían encabezar la lista de los que deberán reintegrar los montos abonados de menos.

En segundo lugar, se encuentran unos 137.975 usuarios del servicio de gas del "Régimen de Zona Fría" que son titulares de dos o más medidores con subsidios tarifarios del 50%.

El esquema de subsidios para la denominada "Zona Fría" se había creado en 2002 para bonificar el precio de gas en las regiones de la Patagonia, la Puna y Malargüe con un descuento del 50 % sobre la tarifa plena. A mediados de 2021, se amplió el alcance de esos subsidios a varios departamentos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Según la valuación oficial, los usuarios que cuentan con dos o más medidores en las áreas de Zona Fría revisten una condición patrimonial incompatible con una situación de vulnerabilidad social que requiere el nivel más alto de subsidio. Por ese motivo, los que se encuentran en ese lote pasan a pagar desde ahora el equivalente el 70% de la tarifa plena de gas, salvo que acrediten la existencia de una situación especial de necesidad por el canal habilitado de la ANSES.

Revisión y reintegro de subsidios

Los cambios destinados a reconfigurar el esquema de segmentación tarifaria -que se había implementado en el segundo semestre de 2022 durante la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa-, se implementaron por la vía de dos resoluciones de la Secretaría de Energía que comanda María Tettamanti. Por medio de la resolución 218/25, la gestión libertaria aprobó "los lineamientos y la metodología básica" para un nuevo mecanismo destinado a "revisar, analizar y evaluar" la categorización asignada a los usuarios residenciales en el RASE.

Para la nueva instancia de control, se dispuso que la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético deberá "desarrollar y poner a disposición de los usuarios una herramienta de consulta que permita al interesado conocer en forma personalizada, en cualquier momento y lugar, el nivel de segmentación en el que se encuentra categorizado".

A los efectos de una "adecuada focalización de las inscripciones en el RASE", esa misma repartición se encargará de establecer "nuevos indicadores de exteriorización patrimonial del nivel de ingresos, cuya verificación respecto de alguno de los integrantes del grupo conviviente habilitará a la Autoridad de Aplicación a rechazar la solicitud del beneficio o a excluir al hogar del padrón de beneficiarios".

Otro artículo de la resolución precisó que "los usuarios que ya hubieren solicitado su inclusión en el RASE no tendrán necesidad de volver a inscribirse, aunque podrán acceder a los formularios de declaración jurada a fin de actualizar la información del grupo conviviente".

En la última parte de la norma aparece la medida que promete generar más ruido. Sostiene que "en los casos en que la Autoridad de Aplicación verifique que la declaración jurada presentada por un interesado, o su modificación, contenga información manifiestamente falsa, junto con la exclusión del beneficio, se podrá ordenar, a través de los organismos de regulación competentes, la facturación de todos los importes que le hubieren sido incorrectamente bonificados, con más sus intereses moratorios y punitorios, sin perjuicio de otras acciones y sanciones que pudieren corresponder".

De acuerdo con la visión oficial, al estar en juego los fondos públicos corresponde avanzar por ese camino para sancionar a los que con "presentaciones falseadas y fraudulentas han accedido a beneficios indebidos".

Cambios en el régimen de zona fría

En tanto, por medio de la resolución 219/25, las autoridades de Energía determinaron que los usuarios residenciales encuadrados en el "Régimen de Zona Fría" que detenten la titularidad o registro de más de un medidor solo podrán acceder a cuadros tarifarios equivalentes al 70% de los precios plenos calculados por el Enargas".

Para el Gobierno "la repetición de medidores resulta un indicador de que el beneficiario es titular, posee u ocupa más de un inmueble, lo que contradice la condición de vulnerabilidad que debe verificarse para acceder al cuadro tarifario diferencial de Zona Fría equivalente al 50% del cuadro tarifario pleno".

En los fundamentos de la medida, los funcionarios destacaron que "el régimen tarifario diferencial se superpone a los beneficios otorgados por otras normas, con lo cual podría darse el caso de que un mismo usuario acumule en su factura el beneficio por Zona Fría, los descuentos correspondientes al Nivel 2 o Nivel 3 del esquema de segmentación y la Tarifa Social Federal de Gas".

El Gobierno también utilizó la resolución para cuestionar y marcar diferencias con la situación heredada de la administración de Alberto Fernández.

Lo hizo al resaltar que "la política tarifaria que se venía implementando hasta fines de 2023 se combinó con una política de subsidios a nivel del precio mayorista que no reconoció el costo real de la energía, lo cual contribuyó a la opacidad de las tarifas finales y a la confusión conceptual entre los montos efectivamente facturados a los usuarios y los subsidios".

"Esa situación -según la narrativa oficial- se agravó más aún, con consecuencias ruinosas para el Fisco, por el hecho de que las políticas de subsidios se mantuvieron disociadas de la capacidad de pago de los usuarios, resultando en subsidios generalizados y no focalizados en quienes realmente lo necesitan".

Fuente: iProfesional