Por Antonio Rossi
Seis meses después de haber “autorizado el procedimiento para su privatización total”; el ministro de Economía, Luis Toto Caputo delineó quienes y como harán las “acciones preparatorias” para concretar la salida estatal de la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística.
Por medio de la resolución 1049/25, Caputo fijó un año de plazo para privatizar la ferroviaria que opera las líneas de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza y repartió las tareas para su desguace entre la Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP).
Anunciada en octubre del año pasado por el vocero presidencial, Manuel Adorni; la puesta en marcha formal de la transformación del Belgrano Cargas se dio recién a mediados de febrero mediante el decreto 67/25 que autorizó “el procedimiento para su privatización total” que había sido autorizada por la ley Bases.
Con una extensión total de 7.600 kilómetros de vías operativas y 4.429 empleados, la empresa Belgrano Cargas está estructurada sobre la base de tres líneas estratégicas de cargas:
- La red de trocha angosta del ferrocarril Belgrano que enlaza las regiones Centro, NOA y NEA con los principales puertos de la Hidrovía. Tiene operativos casi 4.000 kilómetros de vías, 59 locomotoras y 6.323 vagones.
- La red de trocha media de la línea Urquiza que une la provincia de Buenos Aires con la región mesopotámica. Posee actualmente activos 1.110 km. de vías con 13 locomotoras y 1.171 vagones de cargas.
- La red de trocha ancha de la línea San Martín que comunica la Capital Federal, el oeste del territorio bonaerense y la región de Cuyo con accesos a los puertos de Rosario y Buenos Aires. Cuenta con 2.505 km. de vías activas y un parque tractivo y rodante en servicio compuesto por 91 máquinas y 4.126 vagones.
El esquema en juego prevé para cada línea las siguientes movidas: la concesión de las vías e inmuebles aledaños a operadoras privadas que se encargarán de los arreglos y mantenimiento con el cobro de pajes; el traspaso de los talleres a concesionarios que se ocuparán de las reparaciones y el alistamiento de trenes y, por último, la venta de locomotoras y vagones a cuatro grupos distintos que se harán cargo de su puesta a punto y alquiler de las formaciones a los cargadores que demanden sus servicios.
De esta forma, cada una de las líneas que hoy están integradas verticalmente bajo el paraguas del Belgrano Cargas quedarán fragmentadas en varias unidades de negocios que tendrían que funcionar sin fallas y con una coordinación casi perfecta para no se vean afectadas las corridas de los trenes.
La resolución de Caputo “instruyó” a la Secretaría de Transporte—que comanda el empresario mendocino del sector asegurador, Luis Pierrini—para que lleve adelante las siguientes acciones:
- Realizar el inventario y definir los lotes de locomotoras y vagones de cada línea que saldrán a remate público.
- Relevar el estado actual de las vías, ramales, inmuebles y las infraestructuras de cada línea que serán licitadas y transferidas “en concesión”. Con respecto a las obras que se encuentren en curso, Transporte tendrá la facultad de rescindir los contratos que considere que no son prioritarios.
- Concretar el relevamiento e inventario de los talleres, herramientas y maquinarias que pasarán a operadoras privadas bajo la modalidad contractual de “concesiones de uso”.
- A su vez, Caputo dispuso que la ATEP—que conduce el exgerente corporativo del Grupo Vila-Manzano y exinterventor de Télam, Diego Chaher—tendrá como tareas:
- Coordinar las acciones necesarias para dar cumplimiento al objetivo de privatizar la empresa Belgrano Cargas dentro del plazo de 12 meses.
- Solicitar a una entidad bancaria del sector público nacional la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación del servicio ferroviario para las concesiones de las vías e inmuebles aledaños y las correspondientes a los talleres.
Pese a que los papeles señalan que se trata de una “privatización total”, el mecanismo armado por la gestión libertaria prevé que el Estado seguirá teniendo participación e injerencia en el futuro funcionamiento privado del Belgrano Cargas.
Según la letra chica de la resolución de Economía, la recaudación proveniente de las ventas de locomotoras y vagones tendría que volcarse a la infraestructura ferroviaria. Si se cumple la norma, los ingresos obtenidos en los remates del material tractivo y rodante deberán destinarse a “una cuenta fiduciaria del Banco Nación” con el objetivo de financiar un paquete específico de obras a ejecutar sobre las vías concesionadas.
Nota Editada en LetraP
