Por Antonio Rossi
El grupo italiano Enel, dueño mayoritario de Edesur y del complejo hidroeléctrico El Chocón, puso en marcha el mecanismo administrativo y legal que apunta a iniciar una demanda contra el Estado argentino en el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI) por los supuestos perjuicios económicos que habrían sufrido sus empresas desde la pesificación de fines de 2001.
El primer paso de la movida de Enel, antes de acudir al CIADI, fue enviar una nota al Gobierno de Javier Milei pidiendo la apertura de una negociación oficial destinada a llegar un acuerdo por las pérdidas económicas que aduce haber registrado en los últimos 24 años por la modificación de las reglas contractuales de las privatizaciones menemistas que tuvieron sus compañías controladas en Argentina.
La nota—según pudo confirmar Letra P– tiene como fecha el 16 de julio y fue remitida directamente a Milei con copias a al ministro de Economía, Toto Caputo y al canciller Gerardo Werthein.
Al igual que todas las causas tramitadas en el CIADI, el eje central del planteo de Enel se basa en que, a partir de salida de la convertibilidad, la República Argentina incumplió con los tratados bilaterales de protección de inversiones extranjeras.
De acuerdo con el procedimiento vigente, Milei tiene ahora un plazo de seis meses para contestar la nota que solicita iniciar una negociación. Si la rechaza o no emite una respuesta, el 16 de enero del próximo año Enel tendría el camino habilitado para presentar su caso en el tribunal internacional.
La controladora de Edesur camino al CIADI
La puerta abierta por Enel para ir a CIADI, que es uno de los cinco organismos del Grupo Banco Mundial dedicado al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales mediante laudos y arbitrajes, implica un giro relevante en su postura inicial de acompañamiento a la gestión libertaria.
A principios de 2004, cuando apenas había pasado un mes del cambio de gobierno, el ceo global de Enel, Flavio Cattaneo se reunió en el aeropuerto de Ezeiza con Milei para comunicarle que suspendía la venta de Edesur que estaba prevista en el proceso de desinversión iniciado durante la administración de Alberto Fernández y que el grupo volvería a apostar por nuevos negocios en el país.
Pese a los reiterados problemas de cortes de luz que venía registrando y que aún se mantienen latentes cada vez que se incrementa la demanda residencial en los meses de verano, la administración mileísta tomó varias medidas que mejoraron notablemente la recaudación y la situación económica de Edesur.
Cortes de luz y energéticas beneficiadas
El año pasado el gobierno libertario le concedió, al igual que a Edenor, un aumento en sus ingresos específicos del 300% y la posibilidad de regularizar la deuda millonaria que acumulaba con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con dos planes de pagos de 72 meses y una tasa de interés un 50% por debajo de las vigentes en el sistema bancario.
Además, en abril de este año, el gobierno le aprobó la Revisión Tarifaria Quinquenal (RQT) que incluye el plan de obras y los aumentos reales de tarifas que va a embolsar hasta mediados de 2030 para hacer frente a las inversiones y los trabajos de mantenimiento con una rentabilidad sobre los activos del 9,56%.
En el caso de El Chocón -cuya concesión original se encuentra vencida desde agosto de 2023-, Enel sigue a cargo de la operación y facturación gracias a las prórrogas otorgadas por la gestión mileísta que aún no ha podido encaminar su reprivatización junto con las restantes hidroeléctricas de Comahue.
Un fallo que hizo cambiar la estrategia
Fuentes del sector energético consultadas por Letra P aseguraron que el cambio en la estrategia de negocios de Enel en el país se habría decidido en la casa matriz de Roma hace dos meses tras la aparición del fallo del CIADI favorable a AES, el grupo norteamericano controlante de la central hidroeléctrica de Alicurá y otras generadoras eléctricas privatizadas en los años 90.
El proceso arbitral de AES, que se había iniciado en 2002 y estuvo suspendido entre 2006 y 2019 por intentos de acuerdos que no prosperaron, finalizó el 30 de mayo con una resolución que ordena a Estado el pago de una suma total de u$s 824 millones en concepto de daños, honorarios legales e intereses acumulados.
La demanda de AES se focalizó en que, después de la crisis de 2001, los sucesivos gobiernos violaron los contratos vigentes desconociendo las tarifas que estaban dolarizadas, retrasando actualizaciones de precios y obligando a las empresas a destinar sus acreencias con Cammesa a la construcción de nuevas centrales térmicas.
El fallo determinó que Argentina incumplió sus obligaciones de “no menoscabar la dirección, explotación, mantenimiento, uso y usufructo de las inversiones de AES a través de las medidas que afectaron la formación de precios spot y el despacho mayorista, los pagos por potencia, el sistema de costo plus, la prohibición de los PPA y la retención de acreencias con la implementación de los programas de Foninvemen”.
De acuerdo con el análisis que habría realizado la cúpula directiva de Enel, tanto los argumentos como las pruebas que el CIADI le reconoció a AES coinciden y encajan plenamente con un reclamo similar que el grupo debería llevar adelante para defender sus intereses y cubrirse de eventuales demandas internas por no haber actuado en ese sentido.
La nota que ingresó a mediados de julio en la Casa Rosada fue remitida directamente por las autoridades de Enel de Italia y no pasó por los directivos locales del grupo.
Si bien por ahora no se conoce a cuánto ascendería el resarcimiento económico que pretende, la solicitud elevada por Enel al Gobierno para iniciar una negociación incluiría a todas sus participaciones actuales en Edesur, El Chocón y a las transportistas CTM, TESA y Yacylec y a las que tuvo en las usinas térmicas Costanera y Dock Sud, que en febrero de 2023 pasaron a manos de Central Puerto a cambio de u$s 102 millones.
Nota Editada en LetraP
