Por Antonio Rossi
A menos de 20 días de que expire la última prórroga vigente y sin haber podido avanzar con el proceso de reprivatización previsto desde el año pasado; el Gobierno de Javier Milei se encamina a aprobar una nueva extensión de las concesiones de las hidroeléctricas de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila.
Desde los primeros meses de 2024, los actuales concesionarios de las cuatro hidroeléctricas del Comahue ya llevan acumuladas cuatro prórrogas de carácter "precario y provisorio" en un contexto cargado de idas y vueltas a la hora de confeccionar los pliegos de la nueva licitación, la cual se encuentra demorada por diferencias internas y trabas administrativas a nivel nacional y por los planteos de las provincias de Neuquén y Río Negro que pretenden quedarse con el control y manejo de las represas.
Privatizadas durante la etapa menemista, las concesiones de las represas se encuentran actualmente en manos de dos grupos extranjeros y dos locales. En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones están bajo el control del grupo italiano ENEL, el accionista principal de Edesur. En Alicurá, la sociedad controlante es del grupo estadounidense AES. Cerros Colorados pertenece a la firma local Aconcagua Energía; y la operación de Piedra del Águila está a cargo del grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany.
Al no poder licitar las nuevas concesiones que tiene en carpeta antes del 11 de agosto en que vence la ampliación contractual vigente, ahora la gestión libertaria se apresta a oficializar una nueva prórroga transitoria que les permitirá a los actuales concesionarios seguir operando las usinas hasta el último día de 2025. Con esa medida que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial, el Gobierno busca tapar el retraso licitatorio que arrastra por sus errores y deficiencias internas y tener algo más de tiempo para terminar de definir la letra chica de los pliegos de bases y condiciones que se utilizarán para la reprivatización de las hidroeléctricas.
El último lanzamiento oficial de la licitación que estaba agendado para el 7 de mayo fue suspendido por la falta de acuerdo entre la Secretaría de Energía comandada por María Tettamanti y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) que conduce Diego Chaher. Tras la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo -que quiere embolsar los ingresos que dejen las nuevas concesiones durante este año- se llegó a un acuerdo para dividir las responsabilidades entre las áreas y dependencias que deben intervenir en el proceso licitatorio.
Reparto de tareas
De acuerdo con la nueva asignación de tareas, la Secretaría de Energía es la responsable de elaborar los pliegos de bases y condiciones junto con los nuevos contratos de concesión, las normas de seguridad y de manejo de aguas, las obras y trabajos obligatorios y el esquema de remuneración que tendrán las futuras concesionarias. La ATEP, por su parte, es la encargada de realizar el llamado al concurso público nacional e internacional para vender las acciones de las nuevas operadoras hidroeléctricas.
A su vez, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) tendrá que llevar adelante la implementación del denominado "data room" para brindar la información y documentación sobre el estado de las centrales y el alcance de los pliegos a las empresas interesadas en el negocio.
Por último, a la empresa estatal Enarsa le tocará a tarea de efectuar una "compulsa competitiva para seleccionar una empresa de servicios profesionales de primera línea para que realice la tasación de los complejos hidroeléctricos". Con esta tarea conferida a Enarsa, se dejó deliberadamente al margen al Tribunal de Tasaciones de la Nación, que es el organismo oficial encargado de definir cuanto valen los bienes y activos del Estado que van a ser privatizados.
Para la licitación de las nuevas concesiones, la administración mileísta armó cuatro sociedades anónimas que corresponden a cada una de las usinas en juego para poder facilitar la transferencia directa de las acciones junto con los contratos de operación por un plazo de 30 años. Según el nuevo cronograma tentativo que manejan las autoridades de Energía, los pliegos definitivos estarían listos para salir a la calle en los primeros días de agosto.
Los borradores que trascendieron en las últimas semanas establecen que, para poder participar en las licitaciones, las empresas y grupos interesados deberán ser propietarios de activos por una suma superior a u$s 300 millones y tener un patrimonio no inferior a u$s 150 millones. Prevén, además, que un grupo oferente podrá adjudicarse hasta dos de las cuatro usinas y que las concesionarias salientes deberán hacerse cargo de las cancelaciones de los vínculos laborales y el pago de las indemnizaciones correspondientes a personal técnico y trabajadores permanentes y temporarios.
Las reglas licitatorias también fijarían que, en los dos primeros años de operación, las nuevas concesionarias deberán vender el 95% de la energía generada a un precio fijo dolarizado a las distribuidoras eléctricas, mientras que el 5% restante lo podrán comercializar directamente a grandes usuarios o en el mercado mayorista eléctrico. Después, el porcentaje de la venta regulada irá bajando con los años y en 2035 quedaría igualado con la porción de libre comercialización.
En tanto, para calmar la presión de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa y de Río Negro, Alberto Weretilneck; los funcionarios nacionales salieron a ofrecer una doble respuesta: concedieron a las provincias la designación de representante de cada una en carácter de veedores para que "colaboren en el seguimiento del proceso licitatorio" y aceptaron que puedan cobrar hasta el 30% de las regalías hidroeléctricas en megavatios (MW) con parte de la energía que generarán las usinas.
Fuente: iProfesional
