A último momento y sin notificación oficial a los oferentes, la administración de Javier Milei decidió postergar hasta el 7 de noviembre la recepción de ofertas para las usinas hidroeléctricas del Comahue que estaba agendada para mañana.
En medio de la incertidumbre económica y volatibilidad financiera, la gestión libertaria optó por pasar el inicio de la cuenta regresiva para reprivatizar las centrales para dos semanas después de las elecciones.
A juzgar por los movimientos registrados en los últimos días en el sector energético, la gestión libertaria podría recibir entre 7 y 9 ofertas por las usinas de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Privatizadas durante la etapa menemista, las represas se encuentran actualmente en manos de dos grupos extranjeros y dos locales que tienen sus contratos originarios vencidos desde agosto de 2023 y prorrogados de manera provisoria hasta que ingresen los nuevos concesionarios.
En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones están bajo el control del grupo italiano ENEL, el accionista principal de Edesur. En Alicurá, la sociedad controlante es del grupo estadounidense AES. Cerros Colorados pertenece a la firma local Aconcagua Energía, que en las últimas semanas pasó a ser manejada por Tango Energy, la sociedad que armaron la petrolera Vista de Miguel Galuccio y la multinacional Trafigura. Completa el tablero Piedra del Águila a cargo del grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany.
La lista de los potenciales oferentes estaría compuesta por los cuatro concesionarios actuales y las siguientes empresas del sector que se han mostrado interesadas en el negocio hidroeléctrico:
- Edison Energía, el grupo inversor local que encabezan los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes tienen una estrecha relación con el principal asesor presidencial, Santiago Caputo.
- Pampa Energía, la empresa energética integrada más importante de país conducida por Marcelo Mindlin que en el sector eléctrico tiene sus fichas puestas en los negocios de generación y transmisión.
- Genneia, la compañía líder en generación de energía renovable controlada por tres fondos de inversión y dos directivos del grupo Brito.
- Aluar, la única productora local de aluminio primario y una de las más importantes de Sudamérica y operadora de la central de Futaleufú que pertenece grupo Madanes Quintanilla.
- YPF Luz, la unidad de negocio de generación eléctrica de la petrolera de mayoría accionaria estatal.
SUBASTA SIN BASE
La modalidad prevista para la venta de las acciones es "un concurso público nacional e internacional sin base", con un esquema de doble sobre, en el que los oferentes deberán presentar por separado sus antecedentes técnicos y patrimoniales y el valor que están a dispuestos a pagar por las usinas.
Tras la recepción de las ofertas, correrá un plazo de 15 días para que la comisión evaluadora determine cuáles oferentes siguen adelante y cuáles serán rechazados por no cumplir los requisitos.
Luego se pasará a la apertura de los sobres económicos para adjudicar las concesiones de las usinas por un plazo de 30 años a las ofertas más altas en dólares.
Los pliegos de bases y condiciones establecen que las empresas y grupos interesados en el negocio deberán ser propietarios de activos por una suma superior a u$s 300 millones y tener un patrimonio no inferior a u$s 150 millones.
La licitación está abierta solo para compañías e inversores privados y no pueden participar entes, ni compañías públicas provinciales y municipales. Tampoco contempa la implementación de un programa de propiedad participada (PPP) para que los trabajadores de cada usina puedan acceder a una porción minoritaria de acciones.
Como límite regulatorio se dispuso que ningún oferente podrá pasar a tener más de 20% de la generación eléctrica nacional que alcanza a 43.555 MW. Una misma competidora podrá adjudicarse hasta dos centrales y todas deberán contar con un “operador técnico” que tenga, como mínimo, un 25% de participación en la sociedad oferente.
Con respecto a este punto, las autoridades de Energía bajaron la referencia inicial que exigía a los operadores técnicos haber manejado una potencia máxima promedio de 350 MW a solo 100 MW. Con esta modificación, podría darse el caso de que un oferente que acredite experiencia en una usina de solo 100 MW se quede con la operación de El Chocón, Alicurá o Piedra de Águila que tienen una capacidad de generación más diez veces superior.
Durante los dos primeros años, los nuevos concesionarios deberán destinar el 95% de la energía generada a las distribuidoras eléctricas, a un precio fijo en dólares; mientras que el 5% restante lo podrán vender de manera directa a los grandes usuarios o al mercado mayorista. A partir de tercer año, el porcentaje de venta regulada se reducirá de manera progresiva hasta quedar eliminado en 2046.
INVERSIONES Y FONDOS PARA NEUQUÉN Y RÍO NEGRO
Los futuros operadores deberán hacer las inversiones necesarias para mantener en funcionamiento las centrales durante las tres décadas que durarán las concesiones. Antes de que se cumplan los dos primeros años de operación, tendrán que presentar un plan integral de obras y recambio de equipos que luego ejecutarán a lo largo de la concesión para que las hidroeléctricas estiren su vida útil por otros 30 años más a partir de 2055.
En materia impositiva, la gestión libertaria incluyó en las nuevas concesiones el pago de un canon por el “uso de agua” equivalente al 2% de los ingresos de las concesionarias que irá a las cajas de Neuquén y Río Negro.
A esa carga se añadirán otro canon del 2% destinado a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) y las regalías hidroeléctricas equivalentes al 12% de las ventas de energía que también embolsarán los dos gobiernos provinciales.
También habrá un nuevo recargo tarifario que afrontaron usuarios de todo el país para una serie de inversiones que quedaron a cargo del Estado y no tendrán que pagar de sus bolsillos los nuevos concesionarios. Se trata de los estudios y obras en torno a las presas Arroyito y Portezuelo Grande que un fallo de 2009 de Corte Suprema le ordenó realizar al Estado para garantizar la seguridad de estas infraestructuras frente a las crecidas extraordinarias que puedan amenazar su estabilidad.
El principal cuestionamiento que acarrea la licitación pasa por la decisión oficial de sacar a la venta la totalidad de los paquetes accionarios de las usinas sin ninguna base económica valor de referencia.
Ante esa situación, la senadora nacional por Río Negro de Unión por la Patria, Silvina García Larraburu salió a denunciar que “ese mecanismo revela la naturaleza del modelo que se está imponiendo: un Estado despojado de sus activos estratégicos, una energía que se dolariza, y un recurso vital como el agua entregada a la lógica del lucro privado. No se trata de eficiencia ni de transparencia, sino de liquidar lo público al servicio de un programa económico que solo busca manotear divisas para sostener la especulación financiera”.
Fuente: iProfesional
