Por Antonio Rossi
Mientras sigue sin arrancar la privatización que el gobierno de Javier Milei había lanzado a fines de abril, la empresa estatal Enarsa enfrenta un conflicto creciente por la falta de mantenimiento con las generadoras privadas principales que tiene como socias en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano (TMB) y General San Martín (TSM).
Los directores privados que representan a los grupos Enel, AES, Pampa Energía y Central Puerto coincidieron en cuestionar la gestión y administración de las dos usinas construidas entre 2005 y 2010 bajo el esquema del “Foninvemem” y que están a cargo de Enarsa.
En las últimas reuniones de directorio, accionistas privados del 32% de la central San Martín y del 35% de la Manuel Belgrano advirtieron que el actual manejo de Enarsa está poniendo en riesgo la operación de las usinas debido a los recortes aplicados en los gastos de mantenimiento, los atrasos en los pagos de seguros y los ajustes salariales que no siguen las pautas de aumentos acordadas para los empleados de sector eléctrico.
La conducción de las dos termoeléctricas está en manos del presidente de Enarsa, Tristán Socas y el vicepresidente, Marcelo Corda. Socas es un especialista en finanzas y ex ejecutivo del fondo de inversión BAF Capital que llegó a la energética estatal en octubre pasado.
Sin antecedentes técnicos en el sector energético y con un perfil financiero, Socas accedió al cargo con el respaldo de Santiago Caputo y con el objetivo de avanzar con la privatización de la empresa que sigue sin concretarse.
Chisporroteos con el gremio y renuncias
El conflicto salarial es a raíz de que los funcionarios libertarios, en vez de conceder las subas que el gremio de Luz y Fuerza pactó para el sector de generación, se limitaron a pagar los incrementos inferiores que fueron habilitados para empleados del sector público por el ministro de Economía, Toto Caputo.
En los últimos 12 meses, quienes trabajan en las centrales recibieron un aumento equivalente sólo al 50% de la actualización de los sueldos que obtuvieron sus pares del resto de las generadoras. Por este motivo, las usinas estuvieron a punto de quedar inactivas en un par de ocasiones entre abril y junio.
La intervención de las autoridades laborales logró evitar la paralización de las máquinas con el dictado de dos conciliaciones obligatorias. Pero, por la postura intransigente que mantienen las autoridades de Enarsa, no se descarta que sobrevengan paros parciales o totales en los próximos días.
Por la dilación tanto en la contratación de los trabajos de mantenimiento y puesta a punto de los equipos como en la renovación de los seguros, las generadoras privadas comenzaron a vaciar los directorios de ambas usinas con un paso al costado de sus representantes.
Mientras en la central Manuel Belgrano ya renunció Francisco Monteleone, exejecutivo de Central Costanera y con ocho años integrando la conducción; en la central San Martín, varios directores titulares avisaron que dejarán sus sillas antes de fin de mes.
Usinas nacidas en la gestión de Néstor Kirchner
Las dos termoeléctricas cuestionadas -TMB y TMS- nacieron bajo el esquema del “Foninvemem”, el fideicomiso creado en 2005 durante la gestión de Néstor Kirchner con las acreencias que se habían juntado en favor de las generadoras por el congelamiento tarifario que sobrevino tras la crisis económica y social de fines de 2001.
Las diferencias entre el precio real de la energía eléctrica y lo que pagaba el Gobierno a las generadoras en esos años se fueron acumulando bajo el concepto de “liquidaciones de venta con fecha de vencimiento a definir” (LVFVD).
Ante la falta de inversiones genuinas para ampliar el parque de generación, en 2005 la administración kirchnerista decidió consolidar las deudas con las generadoras y transformarlas en un “crédito” de u$s 600 millones a devolver en un plazo de diez años con la entrega de acciones de las dos centrales térmicas que se iban a construir.
Con estos recursos se armó el Fondo para Inversiones Necesarias para Incrementar la Oferta de Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (Foninvemem), al cual después se le inyectó desde el Estado otro refuerzo de u$s 1.000 millones para completar las construcciones y el cierre de los ciclos combinados en las dos centrales.
A los recursos reunidos en el fondo también se sumaron ingresos provenientes de un recargo tarifario, créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y aportes reintegrables del Estado y de empresas privadas.
El aporte al sistema eléctrico nacional
Por esta vía se construyeron las dos usinas que aportan al sistema eléctrico nacional una potencia neta conjunta de casi 1.700 MW equivalente, en promedio, al 9% de la demanda de energía eléctrica del país.
Localizada en el partido bonaerense de Campana, TMB cuenta con una potencia total de 823 MW; en tanto, TSM está asentada en la localidad santafesina de Timbúes con una potencia neta de 865 MW.
Ambas usinas están conformadas como sociedades anónimas con sus capitales accionarios que aún permanecen fideicomitidos.
En TMB, Enarsa es la dueña del 65% del paquete accionario, mientras que en TSM posee el 68%. El resto de las acciones pertenecen a Central Puerto, AES, Enel Generación El Chocón, Pampa Energía, Orazul Cerros Colorados, Central Costanera e Hidroeléctrica Los Nihuiles.
A estas empresas se suman con porcentajes inferiores al 1% Hidroeléctrica Diamante, Hidroeléctrica Ameghino, Central Dock Sud, Generación Mediterránea y Generadora Córdoba.
Si bien el Gobierno ya anunció que entre los activos de Enarsa a privatizar se encuentran las acciones de TMB y TMS, fuentes del sector advirtieron a Letra P que antes de ponerlas en venta se tienen que resolver dos cuestiones que impiden avanzar en la privatización.
Todavía no se concretó el traspaso de las acciones que están en fideicomiso a las estructuras societarias de las centrales para que el Estado pueda desprenderse de sus tenencias y tampoco está definido que va a pasar con el tema del impuesto a las Ganancias que hasta ahora las dos usinas están eximidas de tributar.
Nota Editada en LetraP
