Por Antonio Rossi
La millonaria compensación de deudas que impulsa la administración de Javier Milei y que tiene como principales beneficiarias a Edenor y Edesur se topó con un fuerte rechazo de las entidades defensoras de los consumidores que integran la “Comisión de Usuarios Residenciales del Ente Regulador Eléctrico” (CUENRE).
El virtual perdón de las deudas que las distribuidoras metropolitanas mantienen con la Cammesa forma parte del proyecto de ley de recorte de los subsidios gasíferos del régimen de “Zona Fría” que ya fue votado en la Cámara de Diputados y que ahora está siendo tratado en el Senado
El mecanismo fijado en el artículo 4 del proyecto prevé reconocer los “activos regulatorios” que las distribuidoras eléctricas han acumulado por las diferencias surgidas entre aumentos tarifarios que tenían previstos en los contratos de concesión y los ingresos que realmente percibieron como consecuencia de los congelamientos y ajustes parciales que impusieron las leyes y decretos de emergencia desde el año 2001 hasta ahora.
Una vez que se convaliden las sumas que tengan a favor, las empresas eléctricas podrán destinarlas a la cancelación de las obligaciones de pago que hayan acordado con la Cammesa por las facturas de energía que dejaron de pagar durante los congelamientos tarifarios.
Las diez entidades que conforman la CUENRE (Consumidores Argentinos, ADDUC, ADUC, ADELCO, Cruzada Cívica, Consumidores Libres, Proconsumer, DEUCO, LIDECO y CESYAC) advirtieron que el proyecto en juego implicaría “consolidar una transferencia multimillonaria de recursos públicos hacia empresas concesionarias privadas sin un proceso judicial pleno que determine efectivamente la existencia, magnitud y legitimidad del supuesto daño económico alegado”.
Resaltaron, además, que “resultaría algo muy grave que terminen reconociendo compensaciones económicas retroactivas a empresas cuyos desempeños fueron objeto de reiterados cuestionamientos por cortes de suministro, deterioro de infraestructura, incumplimientos de inversión y deficiencias en la calidad del servicio; mientras simultáneamente acumulaban enormes deudas con la Cammesa y continuaban cobrando la totalidad de las facturas a todos los usuarios”.
La iniciativa que está bajo análisis de la Cámara Alta establece que la Secretaría de Energía será la encargada de “determinar las diferencias actualizadas entre los ingresos que les hubieran correspondido a las distribuidoras de haberse aplicado el correspondiente contrato de concesión y los ingresos percibidos con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas”.
Una vez que estén definidos los montos de esas diferencias, el trámite pasará a la Cammesa para que “aplique la totalidad del crédito determinado a la cancelación exclusiva de las obligaciones que las distribuidoras tuvieran por la compra de energía eléctrica en el mercado mayorista”. Para acceder a ese beneficio, las distribuidoras deberán tener sus deudas dentro del régimen de regularización vigente y renunciar a cualquier reclamo judicial o administrativo relacionados con los efectos de las legislaciones de emergencias tarifarias.
Luego de analizar los alcances del mecanismo de compensación que promueve la gestión libertaria, la CUENRE salió a rechazar la medida al advertir que representa “la consolidación de un grave perjuicio económico para el Estado Nacional, los usuarios y el conjunto global de los contribuyentes que se verían obligados a afrontar los costos que vayan a ser finalmente reconocidos”.
Tras destacar que aún está en curso una acción judicial de lesividad contra Edenor y Edesur promovida por el Estado Nacional por el acuerdo de regularización deudas que se había firmado en 2019, las entidades de usuarios resaltaron que “los denominados activos regulatorios no constituyen actualmente una obligación cierta ni definitiva del Estado, ya que su legitimidad continúa siendo discutida judicialmente en el marco de causa 1049/2026”.
Para los integrantes de la CUENRE “resulta muy contradictorio que mientras el Estado sostiene judicialmente la nulidad de aquel acuerdo por considerarlo lesivo para el interés público, simultáneamente impulse una ley que, en los hechos, consolida esas mismas acreencias”.
Las organizaciones que representan a los consumidores fijaron su posición mediante un documento que tiene como puntos salientes los siguientes argumentos:
--Los ingresos de las distribuidoras constituyen una remuneración regulada ex ante que está vinculada a un nivel de prestación efectiva y de calidad del servicio y no es un crédito acumulable e indemnizable ex post, de modo que no puede reconocerse retroactivamente por períodos en los que la contraprestación ya fue prestada de manera deficiente.
--No se puede reclamar retroactivamente la remuneración plena de un servicio que no se prestó con la calidad exigida, invocando como excusa un incumplimiento estatal que fue tolerado durante años mientras se continuaba explotando la concesión, recibiendo beneficios económicos, cobrando el total de la tarifa abonada por los usuarios y capturando renta.
--La magnitud económica involucrada es extraordinaria. Según documentación presentada en enero de 2025, la cifra reclamada por Edenor a valores de setiembre de 2024 sería de $ 3,6 billones frente a una deuda reconocida con la Cammesa que ronda solo los $ 680.000 millones.
--La transparencia, el control judicial y la producción exhaustiva de prueba resultan indispensables antes de avanzar en cualquier reconocimiento patrimonial de esta magnitud.
Por último, el conjunto de entidades de usuarios consideró que la aprobación del reconocimiento y compensación de deudas para las empresas eléctricas “tendría una grave consecuencia fiscal porque otros sectores regulados también podrían salir a reclamar un reconocimiento por ingresos no percibidos durante los años de vigencia de las leyes de emergencia económica”.
QUE MARCAN LAS CIFRAS OFICIALES
Según el último informe remitido por la Jefatura de Gabinete al Congreso, las deudas que están condiciones de ser condonadas alcanzan un total de u$s 1.842 millones.
Las principales beneficiarias serían Edenor—controlada por el trío empresarial de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti—que tiene una deuda reprogramada por u$s 438 millones y Edesur—cuyo principal accionista es el grupo italiano ENEL—que figura como deudora de u$s 343 millones.
En tanto, las tres distribuidoras privadas del interior de la provincia de Buenos Aires, que están bajo la órbita del grupo DESA, acumulan una deuda para compensar de u$s 304 millones.
La eléctrica estatal de la provincia de Chaco—Secheep—tiene una deuda reprogramada de u$s 125 millones; mientras que en el caso de Edelap —la distribuidora privada del Gran Plata—la suma adeudada llega a casi u$s 121 millones.
La lista de las empresas provinciales con más deudas a compensar se completa con: la estatal riojana Edelar (u$s 119 millones); la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (u$s 63 millones); la misionera estatal EMSA (u$s 58 millones); la salteña privada Edesa (u$s 50) millones y la mendocina Edemsa que debe a la Cammesa u$s 23 millones.
Fuente: iProfesional
