Por Antonio Rossi
El conflicto portuario terminó por averiar a Federico Sturzenegger. Con 185 buques varados y el comercio exterior paralizado, el presidente Javier Milei dejó en suspenso el decreto de desregulación del practicaje, corrió al ministro desregulador de la negociación y aceptó abrir una mesa de diálogo con el sector.
Para destrabar la situación, iniciada el fin de semana por la decisión de los prácticos de dejar de prestar servicios en rechazo al decreto 690/26, la administración libertaria aceptó suspender la vigencia de la norma y conformar una "mesa intersectorial" con los representantes del sector para elaborar un nuevo régimen operativo que reemplace al diseñado por el Ministerio de Desregulación.
A cambio, los prácticos y pilotos navales retomarán de inmediato sus actividades y aplicarán una bonificación del 20% sobre las tarifas vigentes.
La decisión de dejar en suspenso el decreto publicado el viernes pasado representó uno de los mayores reveses políticos para Sturzenegger desde que asumió al frente del Ministerio de Desregulación. El funcionario había impulsado una reforma que terminó desactivada apenas cuatro días después de su entrada en vigencia.
El decreto que detonó el conflicto
El nuevo reglamento modificaba las condiciones de prestación, formación y control de los servicios de practicaje y pilotaje.
Además de fijar tarifas máximas, promover una mayor apertura del sector y flexibilizar determinadas condiciones operativas, el decreto —ahora suspendido— habilitaba que los buques de gran porte, nacionales y extranjeros, pudieran prescindir del servicio de practicaje en determinadas situaciones.
La respuesta de los cerca de 450 prácticos tomó por sorpresa al Gobierno. Profesionales autónomos, resolvieron dejar de prestar servicios hasta que se suspendiera la aplicación de la norma. Ni las advertencias ni las amenazas de sanciones impulsadas a través de la Prefectura Naval lograron revertir la medida.
Frente al agravamiento del conflicto y el riesgo creciente para las exportaciones y el abastecimiento de combustibles, la Casa Rosada recalculó su estrategia y desplazó a Sturzenegger de las conversaciones.
Alejandra Monteoliva tomó la negociación
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quedó al frente de las conversaciones con los representantes de los prácticos y pilotos navales.
En una primera instancia reclamó una reducción del 30% de las tarifas. El sector respondió con una propuesta de bonificación del 10%. Finalmente, ambas partes acordaron un descuento del 20% mientras funcione la mesa de negociación.
Según el acta firmada, la mesa intersectorial tendrá como objetivo consensuar un nuevo reglamento para los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales de Argentina.
Como garantía para el sector, el Gobierno dejó asentado que la suspensión de los efectos del decreto 690/26 continuará vigente hasta que exista consenso sobre el nuevo marco regulatorio.
El costo del conflicto
La decisión de los prácticos dejó 185 buques sin posibilidad de ingresar o salir de los puertos argentinos.
Según estimaciones privadas, la paralización generó sobrecostos diarios de entre u$s 50.000 y u$s 100.000 por embarcación, producto de penalidades contractuales y mayores gastos operativos para exportadores, importadores y armadores.
El desenlace dejó una señal política difícil de disimular: frente a un conflicto que amenazaba con paralizar el comercio exterior, Milei optó por suspender un decreto que llevaba la firma e impronta de Sturzenegger, abrir una negociación desde cero y relegar al ministro del proceso de salida de la crisis.
Nota editada en LetraP
