Desde el 2022, el grupo español Abertis mantiene una disputa con el Estado argentino ante un tribunal internacional por la continuidad de las concesiones de autopistas que opera en el país y que la administración del ex presidente Alberto Fernández pretendió anular. No se trata de la primera vez que el grupo español encaró acciones judiciales contra el Estado argentino.
Ya lo hizo en el 2015, cuando también se presentó ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, para reclamar una millonaria indemnización por la decisión del entonces gobierno de Néstor Kirchner de congelar y pesificar las tarifas de los peajes. Sin embargo, el holding desistió de continuar con la demanda que era por u$s1.100 millones como parte del compromiso de renegociación de sus contratos de concesión que en el 2018 firmó con la administración de Cambiemos.
El desembarco nuevamente del kirchnerismo en la Casa Rosada reflotó la disputa, ya que sus por entonces autoridades entendían que el contrato "compromete al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios y cuya existencia no se encuentra comprobada". Dichos convenios fueron firmados por las subsidiarias locales del grupo que es considerado como el mayor operador de autopistas privadas del mundo.
Es decir, por Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), sociedades que administran las concesiones de los accesos Norte y Oeste y de la ruta Panamericana, además de la Avenida General Paz.
La herencia kirchnerista
En la actualidad y como parte de la "herencia" kirchnerista ambos contratos se encuentran judicializados a partir de la demanda que Fernández presentó en los tribunales en el 2021 para anular el acuerdo que ambas empresas cerraron durante la gestión de Mauricio Macri. Durante su mandato, el ex presidente les extendió las concesiones por otros 10 años para finalizar en el 2030 a cambio de un plan de inversiones superior a los u$s7.000 millones.
Sin embargo, la decisión del ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner reabrió la grieta en la relación con el grupo español con la Argentina y lo llevó a que, además de la demanda ante el CIADI, sus filiales locales inicien nuevas denuncias ante otro tribunal intencional como es la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Esta organización nacida en 1919 y que tiene el estatus de organismo de consulta ante la ONU, se encarga de brindar protección a las empresas de los diferentes países del mundo en lo que se refiere a operaciones comerciales. El objetivo de dicha presentación fue defenderse de la demanda ideada por el entonces Ministerio de Obras Públicas para que se declare nulo el llamado Acuerdo Integral de Renegociación que firmaron con el anterior gobierno de Cambiemos en el 2018.
Gabriel Katopodis basó la demanda en los términos del artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y de los artículos 319, 330 y ccdtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para estatizar las concesiones. Para eso, también solicitó al juzgado que interviene en la causa el dictado de una medida cautelar inaudita (conf. art. 16 de la Ley No 26.854) a fin de que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión de las autopistas bajo control de Ausol y de GCO.
En ese momento, las causas quedaron bajo la órbita del Juzgado N 6 a cargo de Enrique Valerio Lavie Pico, quien todavía no se expidió sobre el fondo del caso que debe dilucidar si la extensión firmada con el ex presidente Mauricio Macri, fue un acuerdo "plenamente legítimo" aprobado por las máximas autoridades del Estado Nacional "siendo el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por 10 años".
Acumulación de fallos en contra
Por ahora, la justicia local acumula decisiones contrarias a la defensa de ambas sociedades de la continuidad de sus sus contratos. Por caso, Ausol ha sido objeto de una medida cautelar que incluye la intervención de la empresa, prohibiciones en cuanto a peajes, dividendos y estructura accionaria, así como la designación de un interventor, todo para garantizar que no se realicen acciones que puedan perjudicar el proceso judicial en curso para anular los contratos.
Lo mismo ocurrió con GCO, ya que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 también dictó una cautelar similar que dispuso la suspensión provisoria de los efectos del artículo 16 (Arbitraje) del acuerdo de renegociación del contrato de concesión del Acceso Oeste. También le ordenó a sus ejecutivos "abstenerse de continuar impulsando el procedimiento arbitral ante la CCI contra la Argentina, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso judicial antes referido".
La cautelar fue dictada a pedido de la Dirección Nacional de Vialidad, cuando estaba a punto de celebrarse la audiencia de prueba del procedimiento arbitral ante el tribunal internacional, que debía desarrollarse entre el 23 y el 26 de septiembre de 2024 en la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de los árbitros que residentes en el exterior ya se encontraban en la Capital Federal, dilapidando los esfuerzos técnicos y económicos que se estaban realizando.
De hecho, la medida frenó ese procedimiento arbitral y afectó los derechos de la sociedad y de sus accionistas con respecto al contrato que, según la empresa, fue sellado de acuerdo a los procedimientos aplicables, luego de que todas las instancias de control establecidas, incluyendo a la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, se pronunciaron en forma favorable a su aprobación.
Impacto negativo
En ese momento, la empresa volvió a recurrir a la justicia para "preservar los legítimos derechos que le asisten, que se ven grave y arbitrariamente afectados", tal como sus ejecutivos sostuvieron en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En el paper también advirtieron que este tipo de medidas "generan un impacto negativo para la seguridad jurídica y los derechos de los inversores, al desconocerse compromisos oportunamente asumidos por la República a través de sus máximas autoridades".
Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada en el sector se pensó que la situación iba a cambiar, teniendo en cuenta que el gobierno libertario lleva a cabo un proceso privatizador de casi todas las empresas estatales y que no mira con buenos ojos reestatizar concesiones.Sin embargo, este jueves 5 de junio se dio a conocer un nuevo fallo judicial que marca otro revés para GCO y para el grupo Abertis en su objetivo de "normalizar" la concesión y poder entender sus operaciones hasta el 2030.
Ocurre que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló nuevamente en contra de los intereses de la empresa.
Otro fallo adverso
Lo hizo en el marco de los incidentes de apelación formados en el proceso judicial caratulado "EN-DNV c/ GRUPO CONCESIONARO DEL OESTE S.A. s/PROCESO DE CONOCIMIENTO" (Expte. N° 59107/2022), promovido por Vialidad Nacional en relación con el Acuerdo Integral de Renegociación Contractual aprobado en el 2018.
Al respecto, la empresa envió un nuevo comunicado a la CNV, informando que el tribunal confirmó las medidas cautelares dictadas contra GCO el 20 de septiembre y 31 de octubre de 2024. Esto significa que la Cámara acaba de rechazar el recurso de apelación que GCO presentó en contra de las cautelares presentadas en el juzgado de primera instancia sobre la suspensión de la cláusula que frenó la demanda de la empresa en el CCI; la prohibición de distribuir dividendos y la designación de un veedor.
El rechazo al pedido de la empresa es similar al que también sufrió Ausol, a pesar de que los casos transcurren en tribunales diferentes. A partir de esa decisión judicial, la empresa presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación con la expectativa de que el máximo tribunal de justicia resuelva el caso de manera favorable a los intereses de la concesionaria del Acceso Oeste.
En este sentido, en la nota enviada a la CNV, los ejecutivos de GCO anticipan que "se encuentran analizando las vías recursivas y cursos de acción a seguir frente a lo resuelto por la Cámara de Apelaciones".
Sin cambios con Milei
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei parece mirar para otro lado y no interviene en la causa, a pesar de que sus funcionarios vienen manteniendo conversaciones con las autoridades tanto de GCO como de Ausol. De hecho, ambas sociedades no vienen siendo beneficiadas con los aumentos de precios que el gobierno nacional permite, por ejemplo, a la sociedad estatal que actualmente controla el resto de las rutas nacionales con peajes.
Es más, producto de esta ecuación, el año pasado entre las dos empresas acumularon pérdidas por $135.000 millones que en lo que va este 2025 han logrado revertir de manera parcial con ganancias globales por algo más de $2.000 millones.
A partir de este contexto es probable que ambas empresas puedan sufrir nuevos inconvenientes financieros que las llevarían a que se profundicen los "desequilibrios contractuales", por lo cual seguirán intentando que la gestipon libertaria los escuche y atienda sus reclamos y presentaciones ya realizadas "en defensa de los derechos de las sociedades".
El mensaje al Gobierno es el de "tener toda la predisposición necesaria para trabajar en conjunto con el fin de lograr el cumplimiento oportuno de los compromisos asumidos por el Estado Nacional".
Peajes congelados
Sin embargo, el congelamiento tarifario para ambas empresas parece continuar en esta gestión libertaria. Por lo menos, desde principios de este año ya que fueron pocos los aumentos que recibieron "ya que fueron a todas luces insuficientes y tardíos para paliar el fuerte incremento de los costos operativos".
Tanto desde Ausol como desde GCDO aseguran también que concentrarán gran parte de sus estrategias para este 2025 en la obtención y aplicación de incrementos en la tarifa de peaje que, hasta tanto se acuerden los remedios contractuales, permitan ir recomponiendo el equilibrio de la ecuación económica contractual y, en cierta medida, paliar los efectos inflacionarios sufridos hasta la fecha".
De igual modo, las empresas del grupo Abertis vienen reclamando desde el inicio del año que se establezca la metodología de actualización de tarifas y "una urgente aprobación de nuevos cuadros a ser aplicados a la mayor brevedad posible, que permitan a su vez equiparar los valores de las tarifas que rigen en otras autopistas del área metropolitana de Buenos Aires".
Más que nada porque entienden que entre enero y marzo pasados se evidencia un aumento del tránsito pagante en relación con el mismo período del 2024, pero que de todos modos se encuentra por debajo de los niveles registrados durante el mismo período del 2023.
Pero, más allá de la estrategia judicial y de negociación con el Gobierno que busca establecer la sociedad, sus ejecutivos advierten sobre un clima "de incertidumbre significativa", respecto de la resolución de la demanda de lesividad iniciada por el Estado Nacional. Se muestran preocupados por el eventual impacto que el fallo pudiera tener en la valuación del derecho de cobro, así como en el plazo y/o términos de la concesión, en el método establecido para la revisión tarifaria y en el desarrollo de la gestión del Acceso Norte. En este sentido, el directorio se mantiene cauto en cuanto a las posibles consecuencias y considera que, con la información disponible, no se puede aún anticipar cuál será el resultado final de la causa judicial y los efectos que tendrá en el contrato de concesión. Es más, el informe evalúa dos escenarios posibles como son un fallo favorable a la reestatización y el otro en contra.
En el caso de que la demanda no prospere, la sociedad continuará con la explotación de la concesión bajo los lineamientos previstos en el AIR y, tendrá que acordar las medidas necesarias que permitan equilibrar el contrato por los incumplimientos del Estado.
En el otro caso, de considerarse como supuesto que la acción de lesividad prospere a favor del Estado Nacional declarándose la nulidad del AIR, debería retrotraerse la situación a la renegociación contractual iniciada en el 2002, quedando pendiente nuevamente la Instancia de Revisión Final prevista en el acuerdo anterior firmado entre la Sociedad y el Estado.
Además, si bien la medida cautelar solicitada por el kirchnerismo no fue admitida por el juez de la causa, el plazo de concesión extendido hasta el 31 de diciembre de 2030 a partir de la vigencia del AIR, quedaría invalidado, generándose una incertidumbre sobre la fecha de finalización del plazo de la explotación de la concesión.
Fuente: iProfesional
