El decreto presidencial 461/2025 disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Si bien se encuentra suspendido por seis meses por la Justicia, el gremio reclama que no
existe otra área del estado que se ocupe de la materia.
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) solicitó al Congreso que derogue el decreto presidencial 461/2025 que disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El gremio pidió formalmente a Oscar Zago, presidente de la Comisión Bicameral Permanente del Trámite Legislativo, que trate el decreto firmado el último día de la vigencia de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases.
"La disolución de la DNV está argumentada en base a informes apócrifos del Ministerio de Desregulación, y nada menciona el decreto sobre quién o quiénes se harán cargo de la tarea que hoy realiza", indicó el STVyARA en el documento enviado al Congreso y advierte que el decreto "omite designar a los organismos que llevarán a cabo las tareas que hace la DNV hasta el día de la fecha".
"Las únicas tareas determinadas en el decreto se basan en la vigilancia en cuanto a la seguridad vial, la creación de una agencia de control de concesiones, y el pase de todos los bienes muebles (maquinaria vial) e inmuebles al ámbito de AABE", denuncia el documento presentado por la titular del STVyARA, Graciela Aleñá.
"El cierre del organismo, lejos del pretendido objetivo del gobierno nacional en cuanto al mejorar el funcionamiento y reducir el sobredimensionamiento de la estructura del Estado, representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto de patria", denuncia el gremio.
La decisión de la gestión de Javier Milei de llevar a cero el presupuesto de obras públicas como parte del ajuste para alcanzar el equilibrio fiscal generó en las últimas semanas fuertes diferencias con los gobernadores provinciales, que terminó por romper las alianzas que matenían con la Casa Rosada en e Congreso.
Este podría ser un motivo para presionar y lograr que la Comisión Bicameral Permanente del Trámite Legislativo trate los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo, pudiendo derogarlos en caso de que sean rechazados por ambas cámaras.
Un fallo suspendió el decreto que disolvió el organismo
El reclamo de los trabajadores de Vialidad tiene una decisión judicial a su favor. La jueza en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín, Martina Forns, suspendió por seis meses cualquier acto administrativo que derive del decreto 461/2025, a partir de una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA).
El Gobierno confirmó que apelará el fallo de Forns, que impidió al Poder Ejecutivo avanzar en con "reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad".
"Teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permiten justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo", sentenció Forns.
La magistrada argumentó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "con jerarquía constitucional -en particular los Convenios N.º 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia".
Fuente: Página 12
