La Secretaría de Energía de la Nación oficializó este jueves los valores mínimos de adquisición de los biocombustibles que se destinan a la mezcla obligatoria con naftas y gasoil. Según lo dispuesto, el biodiesel pasa a costar $1.408.687 por tonelada, mientras que el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar se fija en $857,006 por litro, y el derivado de maíz en $785,468 por litro. Estas cifras representan un incremento promedio del 4 por ciento frente a los valores que regían hasta agosto, y se traducen en un componente adicional que terminará impactando en el precio que pagan los usuarios en las Estaciones de Servicio.
Las resoluciones 368 y 369/2025, publicadas en el Boletín Oficial, se enmarcan en la Ley 27.640 de Biocombustibles, que faculta a la Secretaría de Energía a establecer y actualizar periódicamente los valores de referencia. El texto de la normativa habilita al organismo a intervenir cada vez que los precios se desalinean de los costos reales de producción o generan riesgos de distorsión en el mercado de combustibles líquidos. De este modo, el Gobierno busca sostener el esquema de abastecimiento y garantizar la continuidad del corte obligatorio con componentes renovables.
La disputa por los biocombustibles suma presión a la rentabilidad de las Estaciones de Servicio
La incertidumbre en torno a su regulación preocupa al sector, que advierten que cualquier alteración en la provisión o en los precios de estos insumos impactará directamente en su previsibilidad.
Sin embargo, detrás de este aumento persiste una fuerte controversia con las cámaras empresarias del sector, que desde hace más de un año vienen denunciando un atraso en los precios oficiales. La Cámara Santafesina de Energías Renovables y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados presentaron esta semana una carta documento a la Secretaría de Energía en la que intimaron a la publicación inmediata del valor correspondiente a septiembre, conforme lo establece la resolución técnica vigente. Según las entidades, la aplicación parcial o arbitraria de la fórmula de cálculo derivó en un quebranto operativo de USD 45,5 millones, además de ingresos no percibidos que superan los USD 78,8 millones desde mediados de 2024.
El presidente de Casfer, Marcelo Kusznier, fue categórico al señalar que la política oficial cambió radicalmente a partir de la salida de Eduardo Chirillo de la Secretaría de Energía y la llegada de María Tettamanti, acompañado por el secretario de gabinete Daniel González. “Durante los primeros seis meses de 2024 el precio se ajustó a la fórmula. Pero después dejaron de aplicarla y comenzaron a publicar valores por debajo de los costos reales de producción”, afirmó. Para el dirigente, esta metodología carece de sustento técnico y responde a criterios discrecionales.
Uno de los argumentos del sector privado es que el biodiesel sustituye gasoil importado en dólares, por lo que su precio debería expresarse en esa moneda y no en pesos, con un tipo de cambio promedio que, según sostienen, “penaliza a los productores y elimina cualquier margen de rentabilidad”. En su presentación conjunta, Casfer y Capba advirtieron que esta situación no solo compromete el equilibrio económico de las plantas, sino que además genera un efecto de descapitalización que amenaza la continuidad de las inversiones y los puestos de trabajo.
Las cámaras empresarias fueron más allá y fijaron un ultimátum: en un plazo de 48 horas, la Secretaría debe publicar el precio de septiembre conforme a la normativa vigente, aplicar en forma estricta la fórmula técnica en los meses siguientes, incorporar al expediente los cuadros de pérdidas y volúmenes y fundamentar cualquier diferencia respecto del valor calculado. De lo contrario, anticiparon que iniciarán acciones legales y reclamarán los daños y perjuicios ocasionados, con la posibilidad de extender responsabilidades a los funcionarios involucrados.
Fuente: Surtidores
