El equivalente a 0,25% del Producto Bruto Interno, o unos 3,2 billones de pesos, aportarán los consumidores finales de naftas y otros derivados del petróleo por el impuesto a los combustibles, durante 2026. El aumento previsto para el año próximo en esa materia tributaria por el gobierno nacional es del 71,6%, respecto del actual nivel de lo gravámenes en los precios finales de los surtidores.
Así lo indica un informe de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que lleva adelante mensualmente su Reporte de Tarifas y Servicios y esta vez agrega su lectura sobre el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 del gobierno nacional.
Estimaciones privadas indica que entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025 los combustibles subieron el 180%, en el caso del diesel, y un 210% en el caso de las naftas. Parte de esos incrementos se explica por la actualización de mencionado impuesto.
Antecedente
El dato del aumento de impuestos proyectado para el año próximo por el gobierno de Javier Milei debe ser cotejado con otro que se confirma a lo largo de los dos primeros años de su gestión: en 16 oportunidades fue postergada su actualización entre 2024 y lo que va de 2025. En otras palabras, tiene 15 antecedentes la actual decisión de no tocar el valor de las naftas por vía de los impuestos justo en el presente mes de octubre (las elección para renovar el Congreso de la Nación se celebrarán el domingo 26). En todos los casos previos el precio de naftas y diesel no se actualizó para mejorar el índice inflacionario.
¿Por qué entonces sería relevante que la Ley de Presupuesto a debatir contenga un aumento impositivo previsto del 71,6%? Porque la llamada ley de leyes obliga al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con las disposiciones de un presupuesto, y porque el control por el Poder Legislativo se simplifica enormemente cuando rige la ley de Presupuesto y no una mera prórroga del ejercicio anterior con sus partidas recalculadas. Aparentemente, en 2026 Milei gobernará por fin con una ley de presupuesto elaborada por sus propios colaboradores. Hasta aquí ha preferido no tener esos límites.
Además, las leyes vigentes dan a la recaudación impositiva que proviene del pago de los combustibles una asignación específica. Es decir, son fondos que no pueden usarse más que para lo que la legislación dispone: dos de los rubros en los que el plan de obra pública cero ha privado a los santafesinos de inversiones nacionales se vinculan con ese impuesto.
Tienen asignación específica de los gravámenes a las naftas y el gasoil: el Fondo Hídrico del que se nutrían las inversiones del ex Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), que fue disuelto por el presidente Milei y desde entonces dejó sin fondos a la obra de ampliación de la planta de agua potable de la ciudad de Santa Fe, por una parte, y las reparaciones de rutas nacionales que debe llevar a cabo la Dirección Nacional de Vialidad, por otra.
"En materia tributaria, se prevé un fuerte aumento del impuesto a los combustibles, con un crecimiento estimado del 71,6% respecto de 2025, principalmente por la actualización de las sumas fijas definidas en el decreto 501/2018. Este incremento aportaría $3,2 billones adicionales de recaudación, equivalente a 0,23% del PBI, lo que refuerza la relación entre el esquema tributario energético y los gastos fiscales asociados a subsidios", indica el informe de la UBA y el Conicet.
Fuente: El Litoral
