Argentina logró un importante respaldo diplomático internacional en su defensa legal en Estados Unidos. Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania, Rumania e Israel se sumaron a la presentación de amicus curiae (amigos de la corte) en apoyo al país. El objetivo es evitar que la Corte de Apelaciones ratifique la orden de la Juez Loretta Preska, que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo.
El apoyo se da en el marco de la apelación por el turnover (transferencia) de acciones, el capítulo de la extensa causa que Burford Capital intenta ejecutar para cobrarse la condena de más de 18.000 millones de dólares.
Fuentes cercanas a la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) señalaron a Infobae que el plazo para presentar estos apoyos internacionales vencía esta noche, y se espera que la lista completa de países adherentes sea comunicada por Presidencia mañana, viernes 3 de octubre.
Este esfuerzo diplomático es considerado crucial, dado que el Departamento de Justicia de EE.UU. ya había presentado un apoyo similar a la defensa argentina en una instancia previa de esta causa. La movilización de contactos diplomáticos en el caso, que lleva más de una década, busca proteger la inmunidad soberana de la Argentina frente a una orden judicial que busca apoderarse de activos de la petrolera de bandera.
La batalla legal por los 18.000 millones de dólares en el fallo YPF
El fallo «madre» original, dictado por la Juez Preska en 2023, condenó al Estado a pagar 16.000 millones de dólares al fondo inglés Burford Capital, cifra que escaló a más de 18.000 millones de dólares por los intereses acumulados.
Mientras Argentina apela ese fallo central (cuyas primeras presentaciones de argumentos comenzarán este mes), Burford intenta forzar la incautación del paquete accionario del Estado en YPF como garantía de pago.
Para defender la tenencia de las acciones, la PTN presentó argumentos basados en el derecho internacional y la legislación estadounidense. Entre ellos, destacó la Violación de la inmunidad soberana (la Ley de Inmunidades Soberanas – FSIA – solo se aplica a bienes en EE.UU., no a las acciones de YPF) y la Interpretación errónea del derecho de Nueva York (la norma de turnover no fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio).
Respecto al fallo central que condena a la Argentina, los argumentos de la apelación se centrarán en que el caso nunca debió litigarse en una corte norteamericana.
Además, el país alegará que el Estatuto de YPF —alegado como violado por los demandantes— no puede estar por encima de una Ley de expropiación aprobada por el Congreso, y se cuestiona que la jueza haya aplicado una tasa de interés y un tipo de cambio incorrectos en el cálculo de la condena de millones 16.000 millones.
Fuente: Energía On
