Mientras la Liga de Provincias Bioenergéticas impulsa una reforma para ampliar la producción de biodiésel y bioetanol en el país, la Cámara de Pymes del sector advierte que el proyecto podría concentrar la actividad en Santa Fe y dejar fuera del mercado a las plantas del centro y sur argentino. El debate divide a las provincias productoras y enfrenta modelos opuestos de desarrollo energético.
La entidad advirtió que la iniciativa favorece la concentración productiva en Santa Fe y pone en riesgo la continuidad de las plantas ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis.
Según la cámara, el nuevo esquema de licitaciones privadas entre empresas reemplazaría el sistema actual de cupos regulados, lo que generaría una competencia desigual por los costos logísticos y beneficiaría a las firmas cercanas al puerto de Rosario. La CEPREB sostuvo que este cambio “viola la seguridad jurídica”, altera las condiciones de inversión vigentes hasta 2030 y provocaría el cierre de numerosas pymes del sector.
El comunicado también señaló que la propuesta “no genera nuevas inversiones” ni incrementa la capacidad instalada, ya que la industria nacional opera con un 75 % de ociosidad. La cámara pidió al Senado frenar el tratamiento del texto y promover un debate que contemple la equidad territorial y la sustentabilidad productiva en todo el país.
La Liga de Provincias Bioenergéticas y la Unión Industrial Argentina (UIA) impulsan una nueva Ley de Biocombustibles con el objetivo de ampliar la participación del biodiésel y el bioetanol en el mercado nacional. El proyecto plantea elevar los porcentajes de mezcla con naftas y gasoil, habilitar motores flex y reemplazar el sistema de cupos por licitaciones entre privados, con el propósito de crear un mercado más competitivo.
Los promotores de la iniciativa sostienen que la medida permitirá diversificar la matriz energética, reducir la dependencia del petróleo, generar empleo regional y aprovechar el potencial productivo del maíz, la soja y la caña de azúcar. Según el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, la ley busca “dar protagonismo a las economías del norte” y consolidar a los biocombustibles como parte del nuevo mapa energético argentino.
El debate en torno a la nueva Ley de Biocombustibles ingresó en una etapa de confrontación entre las provincias del norte y del centro del país. Mientras la Liga de Provincias Bioenergéticas —que integran Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy, entre otras— impulsa un proyecto para ampliar la participación del bioetanol y el biodiésel en el mercado nacional, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) cuestionó duramente la iniciativa por considerar que favorece la concentración productiva y pone en riesgo la supervivencia de decenas de pequeñas industrias.
El reclamo principal de la CEPREB apuntó contra el esquema de licitaciones privadas que el proyecto propone para reemplazar los cupos regulados del régimen actual, vigente hasta 2030. Según la entidad, ese cambio generaría una competencia desigual entre pymes y grandes compañías ubicadas cerca de los puertos del Gran Rosario, lo que derivaría en el desplazamiento de los productores de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis. El comunicado señaló que la reforma “canibaliza la producción del resto de las provincias” y “condena a la quiebra” a la mayoría de las plantas que hoy abastecen el 60 % del biodiésel destinado al corte obligatorio.
Los empresarios advirtieron que el texto propuesto vulnera la seguridad jurídica, altera las condiciones de inversión fijadas por la Ley 27.640 y consolida un sistema que concentraría más del 80 % de la producción nacional de biodiésel en Santa Fe. Además, indicaron que el país cuenta con un 75 % de capacidad ociosa y que la iniciativa “solo definirá qué plantas estarán encendidas y cuáles apagadas”, sin fomentar nuevas inversiones ni aumentar la demanda interna.
En sentido opuesto, los impulsores del proyecto defienden la reforma como una herramienta de expansión y modernización del sector. Desde la Liga Bioenergética y la Unión Industrial Argentina (UIA) sostienen que la nueva ley permitirá diversificar la matriz energética, promover la sustitución de importaciones y generar empleo regional. El plan contempla elevar progresivamente los porcentajes de mezcla de biocombustibles en naftas y gasoil, habilitar motores flex y establecer mecanismos de libre comercialización por encima de los cortes mínimos.
El presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, remarcó que “el norte argentino está en una situación límite” y que el fortalecimiento del bioetanol resulta esencial para sostener las economías azucareras. “Tucumán no tiene petróleo ni litio, pero tiene una columna vertebral que se llama azúcar. Si no la defendemos, condenamos a nuestra gente a la pobreza”, expresó.
El enfrentamiento refleja dos visiones distintas del desarrollo energético. Para las provincias del norte y del centro, el nuevo marco legal abre la posibilidad de consolidar una industria con mayor escala y protagonismo nacional. Para las pymes del centro y el sur, en cambio, representa una amenaza a la producción regional y a la estabilidad de los mercados locales. Mientras el Senado analiza el texto, el futuro del biodiésel argentino se define entre la búsqueda de eficiencia y el riesgo de concentración.
Fuente: EnergiaOn
