El Gobierno nacional dispuso la intervención del puerto de Ushuaia por un plazo de doce meses, luego de denunciar irregularidades financieras, administrativas y operativas en su gestión. La medida fue adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y generó una inmediata reacción del Gobierno de Tierra del Fuego, que adelantó que recurrirá a la Justicia para cuestionar la decisión.
Según informó el organismo nacional, la intervención se resolvió tras una serie de inspecciones que no obtuvieron respuestas satisfactorias por parte de la administración provincial. A ese escenario se sumaron denuncias de presunto vaciamiento formuladas por trabajadores del puerto y advertencias realizadas por empresas navieras que operan regularmente en Ushuaia, vinculadas a deficiencias en la infraestructura y a riesgos en materia de seguridad operativa.
Desde la ANPYN detallaron que las auditorías detectaron múltiples falencias en el muelle, entre ellas la falta de pilotes en el sitio 3, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado y un marcado deterioro de la carpeta asfáltica. Además, se señalaron compromisos graves en la gestión administrativa y financiera, así como deficiencias en condiciones básicas de seguridad.
Otro de los puntos centrales de la intervención fue la ausencia de registros claros y consistentes sobre ingresos, egresos y procesos de compras. De acuerdo con el informe oficial, esas tareas habrían sido tercerizadas en una empresa cuya actividad principal no estaría vinculada a la administración portuaria. También se cuestionó el destino de los recursos: el 33% del presupuesto habría sido asignado a subsidios, mientras que solo el 1,3% se destinó a obras y servicios para mejorar la operatividad, en contradicción con la normativa que establece que los fondos del puerto deben reinvertirse en el propio enclave.
Durante el período de intervención, la ANPYN contará con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina para reforzar las tareas de seguridad y control operativo. No obstante, el organismo aclaró que las principales gerencias continuarán a cargo de personal fueguino con experiencia técnica, con el objetivo de garantizar la continuidad del funcionamiento del puerto.
Desde la provincia, el gobernador Gustavo Melella rechazó la intervención y cuestionó los fundamentos expuestos por el Gobierno nacional. El mandatario sostuvo que el puerto opera con normalidad y atraviesa una temporada récord en la llegada de buques y cruceros, al tiempo que advirtió que la medida podría interpretarse como un paso previo a una eventual privatización. Además, señaló que mantiene conversaciones con el ministro del Interior para buscar una salida que brinde previsibilidad a los distintos sectores vinculados a la actividad portuaria.
Fuente: Notitrans
