De acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), durante el primer bimestre de 2026 el Gobierno ejecutó apenas el 2,13% del total previsto para transferencias a empresas públicas. En términos absolutos, se giraron $467.388 millones sobre un crédito anual que supera los $4,5 billones, lo que refleja un fuerte nivel de subejecución.
La mayor parte de esos fondos se destinó a gastos corrientes, principalmente subsidios, mientras que las partidas para inversión en infraestructura fueron significativamente menores. En ese esquema, solo dos empresas recibieron recursos para gastos de capital: la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y AySA, con montos acotados en relación al total.
El reparto de los fondos también muestra una fuerte concentración. Más del 60% fue destinado a Energía Argentina (Enarsa), mientras que el sector ferroviario absorbió poco más del 33% de las transferencias. Entre ambos concentraron más del 94% de los recursos ejecutados en el período.
Este escenario se da en paralelo a una política de ajuste del gasto público que incluye la reducción de transferencias y un proceso de reconfiguración de empresas estatales, con varios sectores bajo análisis para eventuales privatizaciones en el corto plazo.
En el ámbito del transporte, la baja ejecución de fondos aparece en un momento especialmente sensible. En distintas provincias se multiplican las denuncias por el estado de las rutas nacionales, con episodios de deterioro estructural, cortes y siniestros viales que ponen en riesgo la circulación.
Casos recientes en corredores clave como la Ruta Nacional 34 o la Ruta 3 evidencian problemas de mantenimiento que impactan directamente en la logística, el transporte de cargas y la conectividad regional. A esto se suma una seguidilla de accidentes en rutas del interior, especialmente en zonas de alto tránsito de camiones, donde la combinación de infraestructura deteriorada y falta de obras agrava el riesgo.
En ese contexto, distintos sectores advierten que la subejecución presupuestaria y la falta de inversión en infraestructura vial profundizan un escenario de deterioro que ya no solo afecta la operación del transporte, sino que también incrementa los costos logísticos y la exposición a siniestros en rutas clave para la producción y la movilidad en todo el país.
Fuente: Notitrans
