La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley con formato de mini ómnibus que incluye una serie de modificaciones regulatorias sobre distintas normas vinculadas al sector energético. La más relevante apunta al funcionamiento del régimen de Zona Fría, uno de los esquemas de subsidios más sensibles del mercado de gas natural.
La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos y ahora deberá ser tratada por el Senado. El objetivo oficial es reformular un régimen que, según interpretan en el área energética, terminó desnaturalizándose tras la ampliación aprobada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández.
El régimen de Zona Fría había sido creado originalmente en 2002 para subvencionar a usuarios residenciales emplazados en regiones donde la severidad climática es indiscutible, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Sin embargo, en 2021 el esquema se amplió de manera significativa mediante la Ley 27.637, impulsada políticamente por Máximo Kirchner, incorporando grandes centros urbanos y regiones cuya pertinencia dentro del régimen siempre fue mucho más discutida desde el punto de vista técnico y fiscal, como gran parte de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Mendoza y casi la totalidad de San Luis. Algunas de esas zonas se caracterizan por sus climas templados, importantes niveles de actividad económica y una media/alta densidad poblacional.
Esa ampliación elevó el alcance del régimen hasta abarcar a más de 4 millones de usuarios y convirtió al esquema en uno de los componentes más relevantes dentro de la masa de subsidios energéticos que financia el Estado nacional.
El cambio central: cómo se calculará el subsidio
El proyecto aprobado en Diputados propone volver parcialmente al esquema previo a 2021, aunque introduce un cambio estructural en la forma de calcular el beneficio.
Hasta ahora, los usuarios alcanzados por Zonas Fría recibían una bonificación del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. El nuevo proyecto modifica ese criterio y establece que el subsidio sólo se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es apenas uno de los tres componentes que integran una factura residencial.
Los otros dos componentes son el Valor Agregado de Distribución (VAD), que explica gran parte del cargo fijo que pagan los hogares; y el costo del transporte troncal del gas natural. Sobre esos dos segmentos de la tarifa el Estado dejará de cubrir el descuento que actualmente financia.
Eso implica que incluso los usuarios que permanezcan dentro del régimen —principalmente hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna— registrarán incrementos en sus facturas si el proyecto termina convirtiéndose en ley.
Según cálculos preliminares realizados por consultores consultados por EconoJournal, en provincias como Neuquén el aumento promedio podría ubicarse en torno al 20% de la factura final residencial.
En regiones con mayor severidad climática y menor densidad poblacional, como Tierra del Fuego o el sur de Santa Cruz, el impacto podría ser todavía mayor y trepar hasta niveles cercanos al 30%.
Qué pasará con los usuarios que salen del régimen
El impacto más significativo recaerá sobre los entre 3 y 3,5 millones de usuarios que habían sido incorporados al régimen tras la ampliación de 2021 y que ahora quedarían excluidos del esquema general de zonas frías.
Esos usuarios dejarán de percibir descuentos de entre el 30% y el 50% sobre sus facturas de gas, por lo que el aumento relativo será considerablemente más elevado que el que enfrentarán los usuarios patagónicos que continúen dentro del sistema.
Los usuarios que formaban parte del régimen ampliado de Zonas Fría y que ahora perderán esa condición seguirán recibiendo una bonificación adicional que, tal como marca el proyecto aprobado en Diputados, estará asociada al esquema de Segmentación Energética Focalizada (SEF).
Fuentes cercanas al área energética del gobierno indicaron ayer que esa subvención adicional implicará una ampliación del 20% del bloque de consumo subsidiado que actualmente poseen los usuarios vulnerables identificados dentro del esquema SEF.
El sistema prevé que cada subzona de cada distribuidora tenga asignado un bloque específico de consumo medido en metros cúbicos. Lo que habilita la iniciativa aprobada en la Cámara Baja es que ese bloque subsidiado se incremente un 20% para los hogares que ya están incluidos dentro del régimen de segmentación.
El costo fiscal detrás de la reforma
En términos prácticos, el gobierno apunta a reordenar un régimen que en los últimos años perdió focalización y terminó expandiéndose de manera significativa, generando un elevado costo fiscal para el Tesoro nacional.
Si bien el régimen de Zona Fría debería autofinanciarse a partir de un recargo del 7,5% incluido en las facturas de gas que pagan todos los usuarios del país, los recursos recaudados no alcanzan para cubrir el costo total del sistema.
Según estimaciones del sector energético, el Tesoro debe aportar entre 300 y 400 millones de dólares anuales para garantizar el funcionamiento del régimen.
Ese peso fiscal es uno de los principales drivers que explican la decisión del gobierno de avanzar con esta reforma legislativa, en línea con el objetivo más amplio de reducir subsidios energéticos y ordenar las cuentas públicas.
Al mismo tiempo, la discusión vuelve a poner en el centro uno de los debates estructurales de la política energética argentina: hasta qué punto debe sostenerse un esquema amplio de subsidios generalizados en un contexto de restricción fiscal y de recomposición gradual de tarifas impulsada por la administración de Javier Milei.
Fuente: EconoJournal
