El ministro de Economía, Luis Caputo, despejó uno de los obstáculos regulatorios que condicionan la venta de Metrogas y Metroenergía por parte de YPF a Edenor por u$s780 millones.
Si bien la petrolera estatal aceptó la oferta de la distribuidora de electricidad el 10 de agosto pasado, todavía conserva las acciones porque la transferencia necesita autorizaciones oficiales antes de quedar perfeccionada.
En este sentido, la Resolución 1469/2026, publicada este lunes 8 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación despeja una de esas trabas.
En la norma, el Ministro de Economía suspende la ejecución de una orden que desde 2016 exigía a YPF desprenderse de Metrogas por la prohibición de integrar la producción y la distribución de gas dentro de un mismo grupo.
Si bien la medida no cancela la venta ni libera a YPF de completar la desinversión, evita que el procedimiento abierto casi 10 años atrás se ejecute de manera paralela y se superponga con la transferencia acordada con Edenor.
En concreto, el espíritu de la resolución es el de suspender los efectos de esa antigua orden de desinversión hasta que se complete la venta o finalice el Plan Gas.Ar, el 31 de diciembre de 2028, lo que ocurra primero.
Si durante ese plazo Edenor obtiene las autorizaciones necesarias para quedarse con Metrogas y recibe las acciones de la distribuidora antes de esa fecha, la suspensión concluirá porque YPF habrá concretado su salida del negocio.
La norma hizo lugar parcialmente al recurso de alzada presentado por YPF contra dos decisiones del anterior Ente Nacional Regulador del Gas establecidas por la "Nota ENRG GAL/GDyE/I 12.260" del 27 de diciembre de 2016 y la Resolución 313 del 5 de abril de 2018.
El primer acto había ordenado a Metrogas presentar antes del 30 de abril de 2017 un cronograma para adecuar su composición accionaria con el objetivo de que, antes de finalizar ese año, YPF dejara de controlar simultáneamente una compañía productora y una distribuidora de gas.
En tanto, la resolución de 2018 rechazó el recurso de reconsideración de la petrolera y mantuvo vigente la exigencia, lo cual hizo que YPF recurra ante el Ministerio de Economía y pida que se suspendieran sus efectos mientras permaneciera en funcionamiento el Plan Gas.Ar.
Ahora, el ministro Caputo aceptó esa solicitud exclusivamente en lo referido a la suspensión de la operación, ya que la decisión no elimina la restricción establecida por la Ley 24.076 ni constituye la aprobación de la compraventa.
De hecho, el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), conserva la facultad de evaluar la estructura societaria y autorizar el ingreso de Edenor como controlante.
Solucionada esta traba, ahora el Gobierno debería avanzar en los plazos de la concesión para que el nuevo dueño de Metrogas cuente con un período lógico de años que le permita un retorno de las inversiones que debe encarar.
Es decir, que el Poder Ejecutivo extienda por 20 años la licencia de Metrogas, teniendo en cuenta que la habilitación actual vence en diciembre de 2027 y la prórroga hasta 2047 integra las condiciones que deben cumplirse para cerrar la operación.
Conflicto que nació con la llegada de YPF
La petrolera estatal ingresó en Metrogas en 2012 mediante la adquisición de participaciones en Gas Argentino y Metroenergía como parte de una operación que le permitió asumir el control indirecto de la distribuidora de gas.
En ese momento, la compra fue analizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), y por la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Según reconstruyó Economía en la medida difundida este lunes, ambos organismos aprobaron la operación al considerar que el régimen regulatorio vigente limitaba los riesgos anticompetitivos y las posibilidades de trato preferencial entre la productora y la distribuidora.
El criterio cambió cuatro años después, más precisamente en diciembre de 2016, cuando el ENARGAS que por entonces era controlado por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, sostuvo que la gradual normalización del mercado gasífero podía devolver a productores y distribuidoras un mayor margen para negociar precios y condiciones de abastecimiento.
A partir de ese diagnóstico, el organismo oficial exigió modificar la estructura accionaria de Metrogas, decisión que fue cuestionada por YPF, que criticó la razonabilidad del plazo establecido.
De todos modos, posteriormente la petrolera presentó cronogramas de adecuación y contrató a Citibank para avanzar con la venta de las acciones, pero el proceso no prosperó y la petrolera atribuyó ese resultado a las alteraciones macroeconómicas registradas desde 2018.
De todos modos, YPF mantuvo abierta la impugnación administrativa mientras continuaba como controlante de Metrogas.
Ahora, el nuevo proceso competitivo, que concluyó con la selección de Edenor, permitió retomar una desinversión que había quedado pendiente desde aquella primera orden.
Cuáles son los fundamentos de la nueva norma
La exigencia original se había apoyado en el artículo 34 de la Ley 24.076 que impide que un productor de gas tenga una participación controlante en una empresa distribuidora, ya sea de manera directa o a través de sociedades controladas o controlantes.
La separación procura evitar que compañías vinculadas acuerden condiciones preferenciales y que esas negociaciones influyan sobre el precio del gas trasladado a las tarifas.
El ENARGAS utilizó ese riesgo como fundamento para ordenar la desinversión, mientras que YPF sostuvo en su recurso que el funcionamiento del sector volvió a quedar sometido a una fuerte regulación estatal y que las circunstancias contempladas en 2016 dejaron de existir.
La petrolera señaló particularmente el régimen creado por el Plan Gas.Ar en 2020 y prorrogado hasta finales de 2028.
Ahora, Economía aceptó parcialmente ese argumento ya que, según la nueva resolución, el programa organiza el abastecimiento de la demanda prioritaria mediante mecanismos de asignación de volúmenes, adjudicación de precios, compensaciones económicas, subsidios y designación de compradores.
En este sentido, la Secretaría de Energía también supervisa los contratos entre productores, distribuidoras, subdistribuidoras, Energía Argentina y CAMMESA, siglas con las que se identifica a Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que coordina la generación de electricidad y equilibra la oferta con la demanda de energía en tiempo real en Argentina.
El esquema incluye los criterios para trasladar el costo del gas a las tarifas y el precio anual uniforme establecido en enero de 2026 y su incidencia alcanza a la mayor parte de la producción nacional.
De acuerdo con el informe de la Dirección de Tarifas y Regalías incorporado a la resolución, aproximadamente el 68% del gas producido en promedio entre enero de 2024 y marzo pasado correspondió a contratos celebrados dentro del Plan Gas.Ar.
El mismo documento determinó que durante 2024 y 2025 Metrogas no realizó compras de gas a YPF bajo modalidades spot ni fuera del sistema principal de abastecimiento organizado alrededor del programa.
A partir de esos datos, Economía concluyó que Metrogas no dispone actualmente de libertad suficiente para celebrar con YPF acuerdos sustanciales preferenciales que puedan distorsionar la competencia o afectar a los usuarios mediante su traslado a las tarifas.
Evitar un cambio intempestivo en el control de Metrogas
La cartera que orienta el ministro Caputo también fundamentó la suspensión en razones de interés público.
Según el texto oficial, ejecutar inmediatamente la antigua orden podía provocar un cambio intempestivo en el control de Metrogas y afectar la prestación del servicio de distribución.
Destacó además el carácter esencial, continuo, obligatorio y universal del gas por redes y sostuvo que el Estado debe asegurar el abastecimiento, la seguridad del sistema y la aplicación de tarifas justas y razonables.
Para reforzar esa posición, la resolución citó el fallo "CEPIS" de la Corte Suprema, que vinculó la continuidad y accesibilidad de los servicios públicos esenciales con la dignidad de las personas y la protección de los derechos fundamentales.
En el mismo sentido, Economía consideró que los posibles perjuicios derivados de una ejecución inmediata podían ser mayores que los efectos de mantener suspendida la exigencia durante la venta.
Por eso frenó temporalmente los actos administrativos anteriores y comunicó la decisión al ENRGE que conservará la facultad de analizar la estructura societaria conforme a los artículos 34 y 38 de la Ley 24.076 de Gas Natural que regulan, respectivamente, las prohibiciones de control societario entre los actores de la industria y los principios fundamentales para fijar las tarifas de los servicios.
Esa evaluación determinará si Edenor puede reemplazar a YPF como accionista controlante.
Una millonaria operación de desinversión
Tras abrir el proceso competitivo para desprenderse de su participación en Metrogas, el 10 de agosto pasado YPF aceptó la oferta presentada por Edenor.
El acuerdo comprende el 70% del capital y de los derechos de voto de Metrogas, paquete que está integrado por 290.277.316 acciones nominativas Clase A y 108.142.529 acciones Clase B, además de incluir 11.500 acciones Clase A de Metroenergía, equivalentes al 5% de esa compañía.
El precio conjunto asciende a u$s780 millones y la aceptación de la oferta no produjo todavía el cambio de control ya que YPF mantiene las acciones hasta que se cumplan las condiciones previstas en el acuerdo y Edenor reciba las autorizaciones regulatorias.
La principal aprobación será la del ENRGE que deberá analizar el ingreso de Edenor, sus efectos sobre la prestación del servicio y el cumplimiento de las restricciones aplicables a las empresas reguladas.
Qué condicionante se mantiene como traba para la aceptacion final del traspaso
El otro condicionante que todavía se mantiene como traba para la aceptacion final del traspaso accionario es la continuidad de la licencia de Metrogas más allá de diciembre de 2027.
La empresa distribuye gas natural en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos partidos del sur del conurbano bonaerense mediante una licencia otorgada en 1992, durante la privatización de Gas del Estado.
La habilitación fue concedida por un período inicial de 35 años, pero la legislación permite extenderla si la distribuidora cumplió sustancialmente las obligaciones relacionadas con las inversiones, el mantenimiento y la seguridad de las redes, la calidad del servicio y la atención de los usuarios.
Además, la Ley Bases modificó el artículo 6° de la Ley 24.076 que regula el procedimiento y los plazos para la evaluación y renovación de las habilitaciones (licencias) de los prestadores de servicios de transporte y distribución de gas natural.
En ese sentido, la norma amplió de 10 a 20 años el período adicional que puede concederse a las transportistas y distribuidoras con lo cual, de obtener la renovación, Metrogas podrá continuar prestando el servicio hasta 2047.
De hecho, las autoridades de la empresa presentaron en el 2024 una solicitud para extender su licencia por otros 20 años y, a partir de ese pedido, el ENARGAS abrió el expediente "EX-2024-105335738" y evaluó el desempeño económico, técnico y regulatorio de la compañía.
El análisis incluyó el cumplimiento de las inversiones obligatorias, las sanciones recibidas, las obligaciones tributarias, la calidad del servicio y el mantenimiento de los activos utilizados para distribuir gas.
Como parte del procedimiento, el ente convocó a la Audiencia Pública 107 para analizar las solicitudes de Metrogas, Litoral Gas y Camuzzi Gas Pampeana, que se realizó de manera virtual el 20 de mayo de 2025.
En el mismo sentido, la Resolución 375/2025 declaró cumplidos los requisitos de participación y mantuvo en marcha la evaluación y según el procedimiento establecido por la Ley 24.076, el ente debe formular una propuesta y elevarla al Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de conceder la extensión.
El Gobierno se dispone a otorgar la prórroga, aunque el acto que debe formalizarla continúa pendiente.
Antecedentes para una renovación
El proceso de Metrogas tiene como antecedente la decisión adoptada con Transportadora de Gas del Sur (TGS), a la cual, por medio del Decreto 495/2025, el gobierno nacional le extendió por 20 años la licencia a partir del 28 de diciembre de 2027, después de que la empresa atravesara la evaluación regulatoria y la correspondiente audiencia pública.
El Poder Ejecutivo ratificó en ese caso un acta firmada entre Economía y TGS, que incluyó las condiciones de la prórroga y el desistimiento de reclamos administrativos, judiciales y arbitrales contra el Estado.
Metrogas deberá completar un procedimiento equivalente, mientras que el Gobierno debe recibir la propuesta del regulador, definir las condiciones de la renovación y formalizar el acuerdo mediante la norma correspondiente.
Esos pasos permitirán que YPF transfiera sus acciones y que Edenor asuma el control de Metrogas mediante la operación acordada por u$s780 millones.
Fuente: iProfesional
