SALTA (Enviada especial).- La infraestructura logística se convirtió en uno de los principales desafíos para acompañar la expansión de la minería en Salta. La recuperación de los ramales ferroviarios aparece como una de las prioridades para reducir el costo de transporte de los minerales. En diálogo con EconoJournal, el secretario de Minería y Energía de la provincia, Gustavo Carrizo, cuestionó que las obras sobre las trazas estratégicas no estén contempladas como obligaciones dentro del proceso de concesión del Belgrano Cargas lanzado por el Gobierno y aseguró que la provincia buscará intervenir para evitar que queden relegadas.
“Ahora debemos ir con el ferrocarril. Hace 100 años que estamos hablando del ferrocarril. Hace poco que lanzaron la licitación, pero a las obras que necesitamos el Gobierno nacional las dejó como obras optativas”, sostuvo Carrizo durante la nueva edición de Argentina Mining Norte, que se desarrolla en Salta.
El funcionario planteó que el crecimiento de la actividad minera modifica las condiciones sobre las que se discute la infraestructura. “Nosotros generamos volumen. La obra no tiene por qué ser optativa. Desde el Gobierno provincial estamos trabajando para resolver eso. No vamos a ser espectadores. Necesitamos ser competitivos y necesitamos el ferrocarril. No vamos a ser una obra optativa”, afirmó.
La discusión se da en el proceso impulsado por el Gobierno nacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas. Para Salta, los ramales C14 y C15 tienen un valor estratégico por su vinculación con la producción minera, la actividad agroindustrial y la integración con corredores internacionales. En particular, el C14 conecta con la zona cordillerana y el paso de Socompa, una vía de salida hacia Chile y los puertos del Pacífico.
En una provincia que atraviesa una expansión de proyectos vinculados al litio y que busca avanzar también en el desarrollo del cobre, la disponibilidad de infraestructura ferroviaria puede convertirse en un factor determinante para la competitividad. El objetivo es contar con alternativas de transporte capaces de movilizar grandes volúmenes de carga a menores costos y fortalecer la conexión de la producción salteña con los mercados externos.
Ruta 51 y el desafío de la conexión bioceánica
El ferrocarril no es el único frente de infraestructura que la provincia considera clave. Carrizo también destacó el avance de las obras sobre la Ruta Nacional 51, uno de los corredores clave para la conexión de Salta con los pasos internacionales y para el desarrollo del corredor bioceánico. “Este miércoles inició la construcción de la tercera etapa de la Ruta 51, que va de Chorrillos a Campo Amarillo. Yo soy de la generación que vivió esperando la conexión del corredor bioceánico. Lo viví esperando toda la vida. Hoy ya tenemos tres etapas, nos quedan solo dos. Eso es un montón”, sostuvo.
Para el funcionario, el desafío es que la infraestructura acompañe el crecimiento de la producción y permita que la provincia aproveche la expansión de la actividad minera. En ese sentido, vinculó la discusión ferroviaria con una estrategia más amplia de inserción internacional. “Avanzar también con la privatización del ferrocarril Belgrano fue una gran etapa, una gran estrategia, pero sin duda hay algo que tenemos que mejorar”, afirmó.
Más proveedores para acompañar el crecimiento minero
La expansión de la minería también comienza a trasladar sus efectos al entramado productivo local. Uno de los desafíos que enfrenta la provincia consiste enn lograr que una mayor proporción de los servicios y bienes que demandan los proyectos sea provista por empresas de la región.
Carrizo destacó que en la actualidad participan alrededor de 600 proveedores en la cadena minera provincial y consideró que el crecimiento evidencia un proceso de consolidación, aunque todavía existe margen para ampliar la participación local. “Hoy hay 600 proveedores. Eso demuestra que se ha trabajado, que estamos en una escala superadora. Todavía falta mucho más por recorrer”, señaló.
En ese sentido, el secretario sostuvo que el desarrollo de la cadena de valor debe avanzar en paralelo con la llegada de inversiones y que el diálogo entre las compañías, el Estado y las comunidades es una condición necesaria.
“El diálogo siempre presente. Si no existe la posibilidad de que nosotros, los salteños, podamos desarrollar el servicio, avanzaremos con el asociativismo, pero nosotros generamos las oportunidades para que sucedan las inversiones, pero también eso debería ir a la par del desarrollo de los salteños”, explicó.
Litio, cobre y una estrategia regional
El crecimiento de los proveedores forma parte de una transformación más amplia que para Carrizo debe pensarse a escala regional. “La minería en Salta va bien. ¿Por qué? Porque trabajamos comunidades, sociedad civil, sector público y sector privado juntos. Y no lo hacemos como Salta, como una sola provincia, lo hacemos en región”, aseveró.
En esa línea, destacó el papel de los espacios de articulación entre las provincias productoras. “Las decisiones que tome la Mesa del Litio y que tome la Mesa del Cobre van a posicionar a la Argentina en las próximas generaciones. Eso demuestra que debemos tener la enorme responsabilidad de hacer muy bien nuestra tarea”, remarcó.
Acelerar los permisos sin bajar las exigencias
Otro de los puntos centrales de la estrategia provincial pasa por reducir los tiempos administrativos para la aprobación de los proyectos. Carrizo aseguró que Salta trabaja en una regulación destinada a agilizar los procesos y fijó un plazo concreto para la resolución de los expedientes.
“En mi escritorio un expediente no puede pasar más de cuatro semanas para que salga a la calle. Más de cuatro. Pero ojo no es solo responsabilidad mía. Es responsabilidad también de la empresa que me presenta los papeles”, advirtió.
Para el funcionario salteño, acelerar los trámites no implica flexibilizar los controles, sino que las compañías deben presentar de manera clara la información necesaria para evaluar sus proyectos y permitir que las distintas cuestiones puedan resolverse con rapidez.
“Acá no hay ninguna fórmula de NASA. Es muy sencillo: me tienen que decir qué van a hacer con el agua, qué van a hacer con la comunidad, qué van a hacer con los recursos, qué van a hacer con el cierre de mina. Y eso se habla en castellano, no hay ningún problema en que resolvamos esas cuestiones en forma inmediata”, sostuvo.
El planteo apunta a evitar que los proyectos permanezcan durante largos períodos en los escritorios de la administración pública, aunque Carrizo remarcó que la responsabilidad también recae sobre las empresas a la hora de presentar la documentación requerida. “Acá no puede haber un año, dos años. No, no, no, eso no existe. Son cuatro semanas desde que un expediente llega a estado de resolver”, enfatizó.
Fuente: EconoJournal
